La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, ordenó embargos por un total de 156,4 millones de dólares contra petroleras de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que están denunciadas de explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente en las Islas Malvinas. Además, decretó el secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a esas compañías.
La medida fue dispuesta tras un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Según el Ministerio Público, la imputación fue por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", dado que no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
La magistrada fueguina dispuso también el “cese inmediato de la comisión del delito”, lo que implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios. La orden judicial establece, asimismo, que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese de la operaciones, se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
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